Por: Yeimi Esperanza López López*.
Han pasado casi tres años desde que el pueblo de San Pedro y San Pablo Ayutla sufriera un ataque armado a manos de su pueblo vecino Tamazulapan del Espíritu Santo.
Desde entonces ha habido un avance sobre las tierras de Ayutla por parte de Tamazulpan, despojándolos de varias hectáreas de su territorio, pero sobre todo destruyendo la infraestructura de red de agua potable que abastecía desde un manantial al pueblo de Ayutla.
Los conflictos agrarios en Oaxaca
Lamentablemente en el estado de Oaxaca el antes mencionado no es el único conflicto agrario o territorial que se vive, agencias contra agencias, agencias contra cabeceras, municipios contra municipios.
Ha sido sobre todo en la nota roja de algunos periódicos que se dan las noticias sobre los conflictos territoriales, dado que estos han alcanzado grandes niveles de violencia.
Al enfrentarse pueblos enteros para defender sus territorios se ha recurrido a estrategias que van desde quemar las líneas divisorias, provocando en ocasiones graves incendios, hasta las incursiones armadas.
Además de las pérdidas materiales que dichas acciones suponen, también se han perdido vidas humanas, principalmente de hombres, dejando en la vulnerabilidad a viudas y huérfanos, de los que nadie se hace responsable.
Con el paso del tiempo las rencillas quedan en el olvido, hasta que surgen nuevos detonantes que escalan en violencia con consecuencias para los pueblos enfrentados entre sí.
Esto ha ocurrido sin que el gobierno del estado o las autoridades competentes pongan un alto real a las situaciones de violencia o enfrentamiento, ¿por qué sucede esto?
Durante años el propio gobierno del estado de Oaxaca y el caciquismo priista en el estado regenteó, administró y en algunos casos mantuvó los conflictos territoriales a su conveniencia.
Se ganaba votos a cambio de dadivas y prebendas a algunas comunidades o pueblos a quienes les prometía la resolución de sus conflictos territoriales, al mismo tiempo que no se ocupaba en lo más mínimo de buscar la conciliación entre las partes.
Por ello no es de extrañarse la falta de voluntad política para poner fin al conflicto entre Ayutla y Tamazulapan, más aún el gobierno estatal no es capaz de poner fin a la sed y petición de justicia del pueblo de Ayutla, tampoco ha sido competente para garantizar el derecho humano al agua.
Y es que Ayutla no contestó con las balas, dejó de lado la violencia para gritar fuertemente que exigía justicia y tener acceso a su manantial, del cual se abastecían mediante una red que llevaba agua hasta sus hogares, infraestructura que fue parte del trabajo colectivo de un pueblo, que cooperó material y económicamente, así como con mano de obra.
Ayutla se informó, documentó e indagó en su historia tratando de encontrar pruebas para demostrar su legítimo derecho sobre el manantial que los abastecía de agua.
Acudió a las autoridades competentes y denunció las veces necesarias los hechos ocurridos durante el violento despojo que sufrieron, una y otra vez repitieron sus testimonios y el terrible agravio que vivieron.
Así mismo, se ha intentado el diálogo, escuchar a la otra parte, firmar acuerdos, en fin todas las formas pacíficas posibles de llegar a un arreglo, aún con todo esto, la justicia no ha llegado, será por qué la voluntad política es poca o mejor dicho nula.
Tal pareciera que justo la búsqueda de una salida pacífica es un obstáculo para la solución de un conflicto que no sólo es agrario, ni por linderos, es decir, es un problema que ha escalado más allá.
En este conflicto, no se encuentra en juego una línea divisoria, sino la vida de todo un pueblo, la reproducción de los valores y costumbres, de una forma de vida, de una lengua, todo ello por la falta de agua.
*Yeimi Esperanza López López es historiadora y socióloga Ñuu savi, Maestra y Doctorante en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, líneas de trabajo e investigación: migración, identidad étnica, territorio, derechos de los pueblos indígenas en contextos migratorios.
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