Por: Jesús Janacua Benites*.
Población jornalera: entre el COVID-19 y los pesticidas.
Huerta de fresa y arándano en la Cañada de los Once Pueblos.
Michoacán es el primer lugar a nivel nacional en producción de berries. En México, la agricultura industrial de fresa inició en la primer mitad del siglo XX en el estado de Guanajuato y pronto comenzó a cultivarse también en el bajío michoacano.
Zamora y Jacona fueron las primeras ciudades en insertarse en el mercado mundial de berries. Con el tiempo y el boom de las materias primas o commodities de 2005, el cultivo salió del bajío para instalarse en distintos municipios de la geografía michoacana como la Cañada de los Once Pueblos, la zona lacustre de Pátzcuaro entre otros lugares.
De los 113 municipios que componen el estado de Michoacán, en cerca de 65% hay presencia de agricultura protegida dedicada al cultivo de fresa.
Municipios con agricultura protegida.
A pesar de todas las afectaciones ambientales y culturales que la invasión de la agricultura industrial contrae para las comunidades donde se instala, también es cierto que muchas comunidades acceden a la renta de terrenos comunales para la producción de berries pues las condiciones económicas les obligan a ello de manera que las huertas o ranchos se convierten en centros de convergencia de jornaleros y jornaleras que acuden a trabajar procedentes de comunidades tanto del interior del estado como del exterior.
Si la agricultura industrial ya supone en sí un gran riesgo para la salud de los y las jornaleras agrícolas por el uso de paquetes tecnológicos conformados por herbicidas, fungicidas, acaricidas y fertilizantes sintéticos además de la exposición al sol y a las altas temperaturas que se concentran en los macrotúneles, a ello debe agregarse el riesgo que representa para ellos el COVID- 19.
La población jornalera es de las poblaciones que mayores violaciones a sus derechos humanos y laborales presenta. Cierto es que algunas agroempresas son respetuosas y cumplen a cabalidad con sus obligaciones como brindar seguridad social y proporcionar los materiales y herramientas necesarias para su labor.
Desgraciadamente la constante es que las agroempresas violen sistemáticamente los derechos laborales y además de no brindar seguridad social a los y las jornaleras agrícolas, tampoco les proporcionan los materiales para trabajar de manera adecuada como los lentes, guantes, botas, overoles o cubrebocas que se necesitan para ello.
Lo anterior hace que aumenten los riesgos de intoxicación y también los riesgos de contagio por COVID- 19.
El hecho de que en una sola huerta confluyan trabajadores de distintos lugares hace que el trabajo no solo sea riesgoso para los y las jornaleras agrícolas sino también para sus familias y para sus propias comunidades.
En la comunidad de Ahuiran, por ejemplo, perteneciente al municipio de Paracho, en la Meseta P´urhépecha y en la cual todavía no se registra ningún caso con coronavirus, algunos trabajadores agrícolas se trasladan a trabajar en huertas que la empresa trasnacional Driscoll´s, tiene en la comunidad de Tiripetío, perteneciente al municipio de Morelia. A su vez, también trabajadores agrícolas de Morelia, donde al 17 de abril de 2020 hay un registro de 28 casos confirmados, también acuden a trabajar a las mismas huertas. Al mismo tiempo, algunos jornaleros mencionan que algunas veces van también para la Cañada de los Once Pueblos, por lo que son tres regiones las que la agroindustria interconecta: la zona urbana de Morelia, la Meseta P´urhépecha y la Cañada de los Once Pueblos.
Huertas de fresa en Tiripetío, municipio de Morelia.
El COVID-19 vuelve a poner sobre la mesa, si es que alguna vez dejó de estarlo, la importancia de garantizar los derechos laborales de la población jornalera.
Jornaleros agrícolas de la comunidad de Ahuiran, municipio de Paracho después de trabajar en huertas de fresa en Tiripetío, municipio de Morelia.
Parada de jornaleros agrícolas en Morelia después de laborar en huertas de fresa en Tiripetío.
*Correo electrónico: jjanacua@hotmail.com
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